En zona rural de Turbo, Antioquia, fue capturado Norbey Goez Sepúlveda, alias Ñato, también conocido como «Cachaco» o «El Paisa». Las autoridades lo señalan de integrar una estructura del Clan del Golfo dedicada al narcotráfico y de estar requerido en extradición por una corte federal de Massachusetts, en Estados Unidos.
La captura fue reportada por la Séptima División del Ejército, que indicó que el procedimiento fue realizado por tropas de la Brigada 17, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo de la DEA de Estados Unidos. Según ese reporte, la ubicación del señalado fue posible mediante labores de inteligencia y el uso de drones suministrados por el Gobierno estadounidense.
El hombre tiene 48 años. Las autoridades lo señalan de utilizar rutas marítimas y aéreas para movilizar cocaína desde Urabá y Córdoba hacia países de Centroamérica y Norteamérica. También afirman que tendría un historial delictivo de más de siete años y una orden de captura vigente por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
De acuerdo con la información oficial, Goez Sepúlveda habría intentado mantener un bajo perfil para evitar ser detectado. Para ello, presuntamente se presentaba como ganadero y trabajador de fincas en Urabá antioqueño y Córdoba. Las autoridades colombianas lo señalan de actuar como dinamizador del tráfico de drogas en esas zonas.
El expediente que sustenta la solicitud de extradición lo relaciona con actividades de narcotráfico y concierto para delinquir. Las autoridades dicen además que estaría encargado de coordinar el envío de más de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, utilizando rutas aéreas y marítimas con destino a Centroamérica y Norteamérica.
La solicitud de extradición proviene de una corte federal del Distrito de Massachusetts, donde deberá responder por los delitos que sustentan el requerimiento judicial. En el fondo, el caso vuelve a mostrar una realidad incómoda: cuando el crimen organizado opera con rutas, logística y capacidad de ocultamiento, el Estado termina dependiendo de inteligencia compartida, tecnología ajena y coordinación externa para producir resultados.
Conviene mirar los incentivos. Si la captura fue posible gracias a drones suministrados por el Gobierno estadounidense, el dato no es menor: revela tanto una ganancia operativa como una fragilidad institucional. La seguridad, para ser durable, no puede descansar en parches tecnológicos ni en la cooperación episódica; necesita una capacidad propia más robusta, sostenida y verificable.
El caso también recuerda que el narcotráfico no solo corroe territorios, sino que captura tiempo, recursos y atención del aparato estatal. Cada operación de este tipo tiene un costo y exige priorización. Cuando un grupo logra mover cocaína por rutas marítimas y aéreas entre Urabá, Córdoba, Centroamérica y Norteamérica, el desafío ya no es solo policial: es de soberanía, orden y control efectivo del territorio.
