Clara Brugada dedicó un tramo central de su segundo informe de gobierno, en el Auditorio Nacional, a recordar a Ximena Guzmán y José Muñoz, sus excolaboradores asesinados. Afirmó que han pasado más de 500 días desde el crimen y que no habrá olvido ni impunidad.
La jefa de Gobierno dijo que «perderlos ha sido la experiencia más dolorosa de mi vida» y sostuvo que no ha pasado un día sin pensar en ellos ni sin trabajar para esclarecer el caso. También reiteró que las investigaciones continuarán hasta llegar a la verdad.
Brugada señaló que ya existen personas detenidas, aunque dejó claro que el expediente no está cerrado. Según el reporte difundido por su administración, hay nuevas líneas de investigación abiertas y el trabajo institucional sigue para reconstruir lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.
La investigación, de acuerdo con lo informado, ha acumulado 18 personas detenidas, diez de ellas vinculadas a proceso. Además, las autoridades dijeron haber identificado a un grupo delictivo con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México que habría participado en distintas etapas de la operación.
Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas para determinar quiénes participaron directamente en la ejecución, quiénes estuvieron detrás de la planeación y qué papel tuvieron otros integrantes de la organización identificada. Para ello, han sostenido reuniones periódicas de un grupo especial creado después del asesinato.
La reconstrucción del caso ha incluido análisis de videovigilancia, labores de inteligencia y trabajo de campo. Con esas herramientas, según el gobierno capitalino, fue posible ubicar desplazamientos y personas presuntamente relacionadas con el crimen.
El recuerdo de Guzmán y Muñoz apareció dentro de una rendición de cuentas mucho más amplia. Brugada presentó su balance de dos años de gobierno con énfasis en infraestructura, seguridad, movilidad, salud, educación, medio ambiente y cuidados, bajo la idea de una «ciudad de las Utopías».
Entre los resultados que destacó, mencionó la renovación de 782 planteles mediante el programa «1, 2, 3 por mi Escuela», la enseñanza musical para medio millón de niñas y niños y la entrega de 30 mil instrumentos. También anunció como próximos proyectos tres universidades públicas en zonas periféricas y cinco preparatorias en pueblos originarios y regiones alejadas.
En materia social, resaltó el avance del Sistema de Cuidados, la construcción de 32 Casas de las 3R’s y el crecimiento de 85 por ciento en la cobertura de los programas sociales durante sus primeros dos años, con atención a 2.6 millones de personas.
El balance incluyó además vivienda, recuperación de espacios públicos, infraestructura hídrica, turismo y atención territorial. En ese rubro, el programa Casa por Casa acumuló 62 recorridos en 144 unidades territoriales y cerca de 98 mil 700 solicitudes, de las cuales 94 por ciento ya habían sido atendidas.
La lectura política es clara: Brugada buscó convertir una cifra dolorosa en prueba de firmeza institucional. En una ciudad donde la seguridad y el estado de derecho pesan tanto como las obras, el mensaje fue que el gobierno no quiere dejar el crimen en el archivo ni el gasto social fuera del relato.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una administración exhibe avances en programas, escuelas y vivienda mientras promete que no habrá impunidad, intenta mostrar que el aparato estatal puede responder en dos frentes a la vez: dar servicios y hacer justicia. El riesgo, como siempre, es que la retórica de transformación no sustituya resultados verificables en seguridad.
