El Brent subió 3,46% en la apertura de los mercados del 14 de septiembre y llegó a US$108,23 por barril. El movimiento estuvo impulsado por la escalada de las ofensivas militares contra infraestructura energética de Arabia Saudita y embarcaciones comerciales que circulan por el estrecho de Ormuz.
El WTI, referencia estadounidense para entrega en octubre, también avanzó 2,3% y quedó en US$102,34 por barril. Con ello, ambas referencias prolongaron las ganancias de la semana anterior, cuando volvieron a ubicarse por encima de los US$100.
El mercado sigue mirando a Oriente Medio. Arabia Saudita tuvo que cerrar temporalmente su oleoducto Este-Oeste luego de un ataque con drones, mientras que un buque mercante fue alcanzado el domingo en el estrecho de Ormuz. Según las autoridades iraníes, una persona murió en el incidente.
La tensión en esa ruta marítima es especialmente sensible porque antes de la guerra mantenía un tránsito libre. Ahora, Irán exige a los navíos solicitar autorización para atravesarlo y analiza la posibilidad de cobrar un peaje. Conviene mirar los incentivos: cuando se encarece o restringe el paso de una ruta clave para el petróleo, el precio internacional responde de inmediato.
Para Colombia, el dato importa más que el ruido. Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, señaló en declaraciones citadas por La República que los aportes de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos al país podrían ubicarse entre $35 y $40 billones en 2026 si el precio promedio anual del Brent se mantiene por el orden de los US$100 por barril.
Pearl dijo que esa estimación contempla recursos provenientes del impuesto de renta, las regalías, los derechos económicos y otros tributos asociados a la actividad petrolera. Es decir, más renta para el fisco si el precio internacional se sostiene, aunque esa ganancia depende de un mercado volátil y de una geopolítica cada vez más frágil.
El efecto no termina en las cuentas del sector. Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, sostuvo que Colombia está pagando prácticamente el precio internacional de la gasolina, lo que significa que el país dejó de realizar los aportes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que venía haciendo desde mediados de 2023.
Cabrales también señaló que, pese a la reducción de la tasa de cambio frente al dólar, el incremento del precio internacional del diésel ha llevado al fondo a subsidiar actualmente cerca de $7.500 por galón de diésel en Colombia.
Ahí aparece la otra cara del auge petrolero. Más ingresos para el Estado no equivalen automáticamente a una mejora para el ciudadano. Si el barril sube, el aparato estatal recauda más; pero si la gasolina y el diésel se encarecen, el costo termina filtrándose a transporte, logística y actividad productiva.
Esa es la paradoja de fondo: el país celebra una posible bonanza en regalías mientras sigue atrapado en una estructura donde el dinero de los contribuyentes y los subsidios cruzados dependen de una geopolítica ajena. La estabilidad de las cuentas públicas no puede descansar indefinidamente en un mercado que responde a ataques, cierres temporales y peajes potenciales en una de las rutas más sensibles del orden internacional.
