La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, la semana pasada reactivó el expediente de Ayotzinapa con un movimiento que, según el columnista Raymundo Riva Palacio en El Financiero, responde a una lógica política antes que judicial. La acusación: haber ordenado el ocultamiento de grabaciones la noche de la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
El trasfondo inmediato es la última recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —encabezada por Rosario Piedra— que concluyó que «no existen elementos probatorios para atribuir responsabilidades a la Secretaría de la Defensa» en el caso. Esa conclusión contradice directamente lo que sostuvo Alejandro Encinas, quien pidió cárcel para 17 militares. La tensión entre ambas versiones oficiales genera una presión que el aparato estatal necesita canalizar hacia otro lado.
Aguirre, según Riva Palacio, es esa válvula. La fiscalía de Ernestina Godoy lo vincula ahora con el crimen organizado mediante el testimonio de Sidronio Casarrubias, apodado «El Sapo», uno de los jefes de Guerreros Unidos presentado como testigo cooperante. Casarrubias declaró que Aguirre ignoró señalamientos sobre los vínculos del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con esa organización criminal. Riva Palacio califica esa afirmación de «mentira» y sostiene que la vinculación de Abarca —y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de fundadores de Guerreros Unidos— era conocida en las estructuras de poder.
Lo que las fuentes documentan es una cadena de omisiones institucionales que atraviesa varios gobiernos. Durante meses previos al crimen, las mesas de seguridad de Guerrero encabezadas por el Cisen discutieron la red de protección a Guerreros Unidos en Iguala, con nombres de militares, policías federales, estatales y municipales involucrados. Las minutas de esas reuniones, según Riva Palacio, desaparecieron hace doce años. Nunca actuó el gobierno de Peña Nieto, ni el Ejército, ni la Policía Federal, ni el propio gobierno de Aguirre.
La pieza que conecta el presente con aquel episodio es Lambertina Galeana, presidenta del Poder Judicial de Guerrero en ese momento, detenida el año pasado por haber ordenado borrar una grabación del Palacio de Justicia de Iguala. Su testimonio es ahora el instrumento con el que la fiscalía imputa a Aguirre. El chofer del autobús interceptado en el Puente del Chipote ya había declarado ante la CNDH —cuando era autónoma— que agentes de la Policía Federal convalidaron la detención ilegal de los normalistas y «pactaron con las policías locales su entrega al crimen organizado».
El mapa de actores que emerge es incómodo para el oficialismo: el delegado estatal de la Policía Federal durante aquellos hechos era Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad Pública; el jefe de la Zona Naval era el almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina en el gobierno anterior y señalado —según Riva Palacio— en casos de corrupción de mandos navales; y Mariana Benítez, identificada como autora intelectual de «la verdad histórica» de Murillo Karam, es hoy diputada federal por Morena.
Conviene mirar los incentivos. Tres gobiernos consecutivos —Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum— han administrado el caso Ayotzinapa como un activo político antes que como una investigación criminal. El resultado es una sucesión de «verdades» oficiales que se contradicen entre sí sin que ninguna haya derivado en condenas firmes para los responsables materiales e intelectuales. La detención de Aguirre no rompe ese patrón: lo confirma. El aparato estatal desplaza el foco, recicla testigos cooperantes y produce arrestos que generan titulares sin acercar a las familias de los 43 a ninguna respuesta verificable. El dato importa más que el ruido: doce años después, las minutas que documentaban la red de protección institucional al crimen organizado en Iguala siguen desaparecidas.
