Autos Italianos de Colombia S.A. solicitó ante los jueces civiles de Bogotá la práctica de tres pruebas extraprocesales contra Ferrari North America Inc. El objetivo declarado es recaudar información sobre las circunstancias que rodearon la terminación de su vínculo comercial con la marca y el retiro de la operación autorizada en Colombia.
Las diligencias solicitadas incluyen el interrogatorio de parte de Ferrari North America a través de su presidente, Luca Zanetti, así como los testimonios anticipados de Taddeo Bonelli, gerente de Desarrollo de la Red, y Louis Colmache, gerente de Ventas para Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. La empresa aclaró que las pruebas fueron solicitadas con citación de Ferrari North America «para garantizar plenamente su derecho de contradicción y el respeto por el debido proceso».
Según el comunicado de Autos Italianos, las diligencias buscan verificar cuatro líneas de hechos: la reducción de asignaciones de vehículos al mercado colombiano; las restricciones sobre órdenes, preórdenes y depósitos de clientes; las comunicaciones sobre una eventual transferencia de la operación a la empresa Astara; y las circunstancias en que se decidió terminar los acuerdos comerciales. También pretende establecer el alcance del contacto posterior de Ferrari North America con clientes vinculados a la operación en Colombia.
El propósito central, según la compañía, es determinar «si Ferrari North America Inc. utilizó presuntamente el control que ejercía sobre elementos esenciales de la operación para reducir la capacidad competitiva de Autos Italianos de Colombia S.A., limitar sus posibilidades de continuidad, orientar su eventual sustitución por Astara u otro operador y asumir directamente la relación con los clientes vinculados a la operación».
Autos Italianos precisó que estas actuaciones hacen parte de una etapa preparatoria destinada a evaluar si procede promover acciones declarativas y reclamaciones de indemnización por presuntos actos de competencia desleal. Sin embargo, fue explícita en señalar que las diligencias «no constituyen una declaración anticipada de responsabilidad ni permiten formular conclusiones definitivas respecto de la conducta de Ferrari North America Inc.», y que cualquier determinación sobre incumplimientos o responsabilidades corresponderá a las autoridades competentes.
La empresa indicó que considera necesario esclarecer si las decisiones sobre asignación de vehículos, gestión de órdenes y depósitos, continuidad de la representación comercial y contacto con clientes pudieron afectar su capacidad para competir y mantener la operación que desarrolló durante más de una década en el mercado colombiano.
Conviene mirar los incentivos. Un fabricante de lujo que concentra en sus propias manos la asignación de unidades, el manejo de depósitos y la relación directa con el cliente final dispone de instrumentos suficientes para rediseñar su red de distribución sin necesidad de rescindir formalmente ningún contrato. Si las pruebas extraprocesales confirman ese patrón, el caso podría convertirse en un referente para distribuidores colombianos —y latinoamericanos— que operan bajo esquemas de dependencia comercial intensa frente a marcas globales. El dato importa más que el ruido: lo que está en juego no es solo la indemnización de un concesionario, sino la certeza jurídica que necesita cualquier empresa local dispuesta a invertir en representar una marca extranjera de alto valor durante años. Sin esa certeza, el libre mercado pierde uno de sus pilares más silenciosos: la confianza de que las reglas no cambian a mitad del partido.
