Al menos ocho mineros y doce soldados murieron en un ataque de individuos armados en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, confirmó a EFE Attahiru Mohamed, secretario de la Coalición de la Sociedad Civil de Zamfara, ZASCON.
El ataque ocurrió el lunes en el área de gobierno local de Maru. Según Mohamed, «bandidos a bordo de varias motocicletas atacaron una mina de oro» y mataron a tiros a no menos de ocho mineros. Luego entraron en la aldea de Bindin y mataron a al menos 12 soldados durante un enfrentamiento armado.
Decenas de habitantes huyeron de las zonas afectadas tras el ataque. La versión coincide con el testimonio de un residente de Maru, Habibu Umar, quien aseguró que decenas de soldados y mineros murieron durante los ataques. Umar dijo que los agresores eran hombres de Gwaska Dankarumi, a quien describió como un conocido líder criminal.
El portavoz de la Policía de Zamfara, Yazid Abubakar, confirmó las muertes, aunque no precisó la cifra de víctimas. «Es cierto que unos terroristas atacaron Bindin y las comunidades circundantes», declaró a EFE. Añadió que seguían trabajando para determinar el número exacto de mineros fallecidos. Sobre los militares, dijo que por norma no hacen comentarios sobre operaciones ni bajas del Ejército.
Según el secretario de ZASCON, los ataques fueron perpetrados como represalia por la muerte previa de uno de los miembros de los agresores a manos de mineros que operaban en los alrededores de Bindin.
La violencia en Zamfara no es un episodio aislado. En varios estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, persisten ataques de «bandidos», término usado para bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates. Las autoridades a veces los tildan de «terroristas».
A esta inseguridad se suma la actividad de Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, y la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental, ISWAP, surgida en 2016. En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado al Estado Islámico-Provincia del Sahel, también suele cometer atentados en Kebbi y Sokoto desde hace años.
El dato importa más que el ruido. Cuando un país pierde capacidad para proteger minas, aldeas y carreteras, no solo se erosiona la autoridad del Estado. Se encarecen la producción, el comercio y la vida cotidiana. Conviene mirar los incentivos: donde la violencia queda impune, prosperan las bandas y se retrae la inversión.
La lección es incómoda para cualquier gobierno. Sin seguridad no hay mercado que funcione con normalidad ni propiedad que esté realmente resguardada. Nigeria vuelve a mostrar que el costo de la debilidad institucional lo pagan primero los más expuestos: trabajadores, vecinos y soldados enviados a contener un problema que el aparato estatal no ha logrado sofocar.
