El sionismo nació como respuesta política a una persecución histórica, no como ideología de conquista. Esa distinción, hoy deliberadamente difuminada, es el nudo del debate que el conflicto en Gaza ha vuelto a poner sobre la mesa.
Desde que el antiguo Estado hebreo perdió su independencia, la hostilidad hacia los judíos y sus descendientes dispersos por el mundo fue constante. La Inquisición, los pogromos en Europa Oriental, las prohibiciones para ejercer profesiones o cursar universidades, el confinamiento en guetos y el Holocausto —donde seis millones de judíos fueron asesinados— conforman una cadena de violencia que explica, sin necesidad de adornos retóricos, por qué el ideal del retorno a una patria dejó de ser solo una referencia religiosa.
Fue el caso Dreyfus, en Francia en 1894, el detonante que llevó al periodista Theodor Herzl a articular ese ideal como programa político: si los judíos eran vulnerables al prejuicio y a la violencia en cualquier rincón del planeta, la única salida duradera era constituir una patria en el área vinculada a sus raíces históricas. El territorio de Palestina, delimitado tras la Primera Guerra Mundial, nunca había estado vacío: durante los sucesivos dominios romano, otomano e inglés, la presencia judía coexistió con la población árabe musulmana.
La terrible tragedia del Holocausto hizo posible la decisión de la ONU de establecer la división del territorio en dos Estados, el árabe-palestino y el judío, que adoptó el nombre de Israel. Ese es el origen legal e histórico del Estado.
Aquí reside la confusión que conviene despejar. Ser favorable a la existencia de Israel no implica apoyar incondicionalmente todas las decisiones de sus dirigentes. Discrepar de políticas implementadas por un primer ministro es una actitud normal para cualquier judío —israelí o no— y para cualquier no judío que reconozca la necesidad de la existencia de Israel. El sionismo, como movimiento, no excluye el reconocimiento del derecho a la creación de un Estado palestino. Hamas y Hezbollah, en contraste, tienen como objetivo declarado acabar con Israel. El ex primer ministro Isaac Rabin y Yasser Arafat, antiguo líder de la OLP, llegaron a firmar un acuerdo de reconocimiento mutuo que, lamentablemente, se desmoronó en pocos años.
Sin embargo, como consecuencia del actual conflicto en Medio Oriente, se observa una tendencia internacional a mezclar las definiciones de antisemitismo, antisionismo y oposición al gobierno israelí actual, generando una confusión que pocos tienen incentivos en aclarar. En ese ambiente enturbiado, quienes albergan odio antisemita genuino encuentran cobertura en el ruido, mientras quienes defienden la legitimidad de Israel se autocensuran por temor a ser malinterpretados.
El dato importa más que el ruido. Equiparar la crítica a Netanyahu con la negación del derecho de Israel a existir no es un error conceptual inocente: es una herramienta que beneficia a quienes quieren clausurar el debate antes de que comience. Del mismo modo, escudar cualquier política del gobierno israelí bajo el paraguas del sionismo convierte un concepto histórico en un escudo político que tampoco resiste el análisis.
Lo que está en juego es algo más amplio que la coyuntura de Gaza: es la capacidad de las sociedades abiertas para mantener distinciones conceptuales bajo presión. Cuando el lenguaje se colapsa, el pensamiento le sigue. Y cuando el pensamiento colapsa, quienes más pierden son siempre los mismos.
