Mahmud Abás decretó el sábado que las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 11 de septiembre de 2027, según la oficina del presidente palestino, citada por Wafa.
Con ese calendario, los comicios legislativos se aplazan casi un año respecto de la fecha prevista para el 28 de noviembre de 2026. Las presidenciales se esperaban a principios de 2027.
La presidencia palestina dijo que el cambio responde a los «obstáculos impuestos por las medidas israelíes», que, según su versión, impedían a los responsables electorales acceder a Jerusalén Este, anexada por Israel, y a la Franja de Gaza para organizar las votaciones en la fecha prevista. También sostuvo que no había condiciones políticas, de seguridad y logísticas adecuadas para garantizar elecciones «libres, justas e inclusivas».
Israel rechazó toda responsabilidad. Gideon Saar, ministro israelí de Relaciones Exteriores, acusó a Abás de «engañar a la comunidad internacional» y de intentar eludir sus responsabilidades.
En El Cairo, cuatro facciones palestinas, entre ellas Fatah, el partido de Abás, y Hamás, acordaron abrir un «diálogo nacional» y, según una fuente cercana a las conversaciones, solicitar el aplazamiento de la votación.
No es la primera vez que se posponen unos comicios palestinos. En 2021, Abás convocó elecciones legislativas y presidenciales que fueron aplazadas al alegar la falta de garantías para su celebración en Jerusalén Este. Las últimas elecciones legislativas palestinas se celebraron en 2006 y fueron ganadas por Hamás, que gobierna en Gaza. Fatah controla la Autoridad Palestina, a cargo de partes de Cisjordania ocupada.
Desde la ruptura entre ambos movimientos en 2007, el Consejo Legislativo Palestino no ha vuelto a sesionar. Abás, elegido presidente en 2005, continúa en el poder pese a que su mandato expiró teóricamente en 2009 y desde entonces gobierna por decreto.
La secuencia habla por sí sola: una autoridad que aplaza otra vez las urnas, un Parlamento inactivo desde hace años y dos centros de poder enfrentados. Conviene mirar los incentivos. Cuando el voto se posterga una y otra vez, lo que se erosiona no es solo el calendario electoral, sino la legitimidad mínima necesaria para cualquier orden institucional.
También queda en evidencia el costo político de la división entre Fatah y Hamás. Sin una arquitectura de poder capaz de organizar comicios y hacerlos creíbles, la Autoridad Palestina queda atada a decretos, a fórmulas de emergencia y a una dependencia permanente de factores externos. Para una sociedad que necesita instituciones funcionales, esa es una mala señal. Y para la comunidad internacional, que lleva años reclamando reformas, lo es todavía más.
