Un tribunal federal de apelaciones escuchará este miércoles argumentos sobre si Arabia Saudí puede esquivar una demanda que la acusa de haber ayudado a los secuestradores del 11 de septiembre, mientras los familiares de neoyorquinos muertos en los ataques siguen de cerca la audiencia.
La 2nd Circuit Court of Appeals, en Manhattan, examina una decisión de agosto de 2025 del juez federal George Daniels, que dejó a Riad potencialmente expuesto a daños y perjuicios en un caso civil que lleva años estancado. Los jueces Guido Calabresi, William Nardini y Eunice Lee oirán a los abogados de Arabia Saudí y de las familias de las víctimas.
Daniels dijo que las familias habían reunido «pruebas razonables» de que el gobierno saudí —que sigue negando haber desempeñado papel alguno en los ataques del 11 de septiembre— dirigió una red de apoyo para los secuestradores. También sostuvo que un posible jurado podría inferir de manera razonable que Omar al-Bayoumi, un ciudadano saudí descrito como enigmático, coordinó con el gobierno saudí cuando ayudó a asegurar alojamiento en California para dos secuestradores del vuelo 77 de American Airlines.
Según las actuaciones judiciales citadas en la causa, al-Bayoumi, a quien se describe como un presunto espía saudí, organizó una «fiesta de bienvenida» para dos secuestradores, tenía cálculos de vuelo que podrían servir para estrellar un avión contra un objetivo y fue visto en un video «inspeccionando» el Capitolio de Estados Unidos.
Los funcionarios saudíes apelan la decisión de Daniels y se espera que insistan en que Riad es inmune a un juicio en una corte estadounidense porque es un Estado soberano. La disputa pone frente a frente dos principios que rara vez conviven sin fricción: la inmunidad de los Estados y el derecho de unas familias a buscar reparación en tribunales estadounidenses.
Terry Strada, presidenta nacional de 9/11 Families United, dijo que «el Reino sigue mintiendo en tribunales y negando cualquier culpabilidad, cuando las pruebas muestran que sus agentes estuvieron directamente involucrados en los ataques». Brett Eagleson, cuyo padre Bruce murió el 11 de septiembre, añadió que «Arabia Saudí es un supuesto aliado y amigo nuestro. Los amigos no tratan así a los amigos».
La demanda fue presentada en 2004 y sostiene que un grupo de extremistas religiosos ganó influencia en el gobierno saudí y prestó ayuda a los secuestradores. Tras años de giros y vueltas, la causa se consolidó con otros litigios y afiló las acusaciones de que funcionarios saudíes se coordinaron con los secuestradores que llegaron a Estados Unidos a comienzos de 2000.
El dato importa más que el ruido: lo que está en juego no es solo una disputa jurídica, sino si un Estado extranjero puede refugiarse tras la inmunidad mientras las víctimas siguen sin reparación. Conviene mirar los incentivos. Si los tribunales aceptan que la barrera soberana basta para cerrar el caso, el costo de eludir responsabilidades volverá a recaer sobre las familias y, en última instancia, sobre la confianza pública en el estado de derecho.
Si, por el contrario, el tribunal permite que el caso avance, la señal será otra: que la justicia puede exigir cuentas incluso a gobiernos poderosos cuando hay evidencia suficiente para someterlos al escrutinio judicial. La historia sugiere cautela, pero también recuerda una verdad básica del orden internacional: sin responsabilidad, la inmunidad se convierte demasiado fácilmente en impunidad.
